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Tengo dicho que si un día el PSOE defendiera el canibalismo, el PP acabaría por decir que comerse los brazos y las piernas de alguien sí, pero nada más. Por otro lado, el PSOE, a los pocos años, encontraría su propia ley retrógrada, troglodita y clerical y no se conformaría con menos que el derecho inalienable de devorar a sus semejantes vivos.

Gallardón prepara una ley del aborto -a dos años de obtener mayoría absoluta- que lleva el orwelliano título de ‘Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada’, que viene a ser como si el régimen nacionalsocialista hubiera llamado a las leyes de Nürenberg ‘Ley de Protección y Bienestar de los Judíos Alemanes’. La ley retorna al sistema de supuestos: violación y riesgo para vida o salud psíquica o física de la mujer. Es decir, volvemos a la ley aprobada por el gobierno de Felipe González, confirmando las dos constantes de nuestra política patria: a) los conservadores se convierten en los mejores defensores de las leyes aprobadas por los izquierdistas a las que se opusieron en su día y b) los izquierdistas abjuran como del colmo de lo carca y conservador de lo que fue su línea programática unos años atrás.

Y así los dos lo pasan tan ricamente y el caso sería meramente cómico si no se tratara de una matanza que supera ya con creces el millón, con el agravante de que los perpetradores requieren el consentimiento de la madre de la víctima y actúan a pleno sol, rodeados de toda la respetabilidad y legalidad que puedan desear.

Hay pretendidos provida que ya han salido en defensa de la ley, aduciendo que salva vidas. No lo sé. Desde el momento en que matar al hijo propio es legal, es difícil ponerle puertas al campo. No hay que olvidar que durante la vigencia de la primera ley del aborto, la que lo permitía en tres supuestos, el 98% de las intervenciones se acogían a uno de ellos -peligro para la vida de la madre-, y en este caso, siempre referidos al peligro ‘psíquico’, una condición que firmaba un psiquiatra contratado por la propia clínica abortista. Muy garantista, todo.

Se supone que esta ley va a evitar eso. Permítannos dudarlo. Para empezar, porque el Gobierno ya ha cedido en la mayor, lo que hace su posición infinitamente incoherente. La izquierda tiene de un tiempo a esta parte una extraña querencia por la muerte, ya sea esta física -aborto y eutanasia- o familiar -un divorcio más fácil de conseguir que la cancelación de un contrato con su operadora de móvil-, pero en ella hay, al menos, una dirección.

Lo que se quiere, a toda costa, es evitar pensar. Si el embrión no es una persona, la izquierda tiene razón, y todo este barullo está de más. Pero la postura del PP es absurda en cualquier caso: si no es persona, cualquier restricción es un atentado a la autonomía personal; y si lo es, decidir cuándo es lícito matar a una persona inocente resulta, además de injusto, abiertamente macabro.

En el momento en que dejamos que sea el poder y no la biología quien decida cuándo empieza la vida humana, quién es y quién no es persona, la suerte está echada y la vida de todos -y, con ella, todos nuestros derechos- quedan en manos de las mayorías, las modas ideológicas y los caprichos de las élites.

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