“Los gobernantes asesinos que mataron a los tres vecinos merecen la muerte”. Alberto J. Miranda, portavoz de IU en Alcalá de Guadaíra, lo tenía clarísimo.

Tres miembros de una familia de la población sevillana murió en cosa de 24 horas, y a algunos medios les faltó tiempo para anunciar que la causa era comida caducada recogida de un vertedero. Naturalmente, Miranda no necesitó más para fulminar con esa frase que vale la pena analizar despacio.

“Asesinos que mataron”. Mis clases de Derecho Penal se pierden en las brumas del pasado, pero creo recordar que para acusar –no digamos condenar– a alguien de homicidio –no digamos de asesinato, que requiere alevosía, nocturnidad y/o premeditación– hacía falta una autoría algo más clara.

Pero eso era antes de la justicia revolucionaria, que permite responsabilizar de asesinato a un banquero por el suicidio de un desahuciado tras el impago de una hipoteca. “Gobernantes”. Verán, la cosa va así: el Gobierno del Partido Popular, único rector de nuestra economía planificada, es directo responsable de cómo nos vaya a cada uno de nosotros, como un dios providente que tiene contados nuestros cabellos. Por lo demás, ¿acaso alguien en algún paraíso comunista ha comido jamás alimentos caducados?

A esto hay que sumar el hecho de que el ministro Arias Cañete dijo que se podía comer alimentos caducados uno o dos días y, ¿no es esto igual que si hubiera entrado en casa de los vecinos de Alcalá y los hubiera estrangulado con sus propias manos?.

“Merecen la muerte”. Ya, ya sé que Izquierda Unida no sólo se opone con vehemencia a la pena de muerte aquí y en Texas –en Cuba son menos insistentes, vaya usted a saber por qué– sino que aplaude fervorosa la política de pelillos a la mar con los etarras condenados, estos sí por asesinatos directos de tiro en la nuca. Pero eso es porque los posibles condenados lo son en una justicia burguesa y, por lo tanto, son más víctimas que otra cosa. Cuando Cayo Lara compadrea con Raúl Castro no se sabe que le afee los abundantes fusilamientos de la isla.

Si todo fuera como nos lo contaron la primera vez, las palabras de Miranda serían de inmediata dimisión o, al menos, causa para que nadie volviera a tomarse en serio a IU jamás. Pero es que la realidad es un poco distinta.

No, parece que la familia no era indigente, al menos en opinión de su portavoz y de Cáritas. Y no, no hay alimentos caducados en su casa, y tampoco parece que recogieran nada de los vertederos. Vaya. Pero, ¿por qué dejar que la realidad estropee un tan magnífico brote de falsa indignación, con lo divertido que es reivindicar cabezas, a ser posible clavadas en una pica?

Ya hemos hablado con frecuencia en este espacio de la necesidad de malas noticias que tiene la izquierda. Después de todo, la moderna viene de Marx, que profetizó una paulatina depauperación y cuasi universalización del proletariado, con lo que quienes, entre sus herederos, vieron cómo cada vez más vivían cada vez mejor tuvieron que atesorar como perlas las malas noticias y hacerse los locos con las buenas.

Es lo que le pasa a Almudena Grandes, que ha llegado a publicar ni más ni menos que en The New York Times –sí, los que simbolizaban España con la foto de un hombre buscando en un contenedor–, When We Were Poor Before, sostiene que en España estamos con en los años sesenta más o menos, pero sin dignidad.

Publicado el 20.12.2013 en La Gaceta

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